La Ley Especial para el Desarrollo del Sistema Hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa, conocido como COPALAR, no pudo ser aprobada por la Asamblea Nacional saliente, y ahora será competencia de los futuros diputados, que tomarán posesión de sus cargos el próximo 9 de enero de 2007.

Frente a las presiones de los pobladores de las zonas afectadas por el megaproyecto, cuyos representantes se hicieron presentes en la Asamblea Nacional, y a la campaña desarrollada por diferentes organismos de la sociedad civil, el dictamen de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional no fue sometido al plenario, ya que no contaba con los votos suficientes para ser transformado en ley.

La Ley Especial presentada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional iba a definir el marco jurídico para otorgar la concesión a la Empresa Nicaragüense de Energía Renovable y Ambiental (Energía SA), incluyendo todos los procedimientos para expropiar las propiedades de las miles de personas afectadas por el proyecto.

El megaproyecto hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa prevé la construcción de tres represas y la inundación de aproximadamente 350 Km² (770 según los pobladores), afectando a más de 40 mil personas que viven en 30 comunidades situadas en los Departamentos centrales de Nicaragua.

Según un documento difundido por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) y distribuido a todos los diputados, “Es evidente que Nicaragua necesita nuevos proyectos de generación de energía (geotérmicos, eólicos, hidroeléctricos), pero esto no significa que el país deba renunciar a explotar sus recursos más valiosos a favor de sus habitantes y entregarlos como regalía a grupos inescrupulosos, menos aún ponerlos al servicio de construir un monopolio que en lo fundamental dará más beneficios a los más ricos del país.

Paradójicamente, todo esto es solamente a cambio de satisfacer las ambiciones financieras de banqueros y empresarios protegidos por el presidente Bolaños. Tal como el Ejecutivo formuló la Ley, estamos frente a un despojo para el país, es un acto de entrega de nuestro principal potencial eléctrico a partir de los recursos hídricos.

Es poner en manos de viejos y nuevos ricos –aliados a grupos económicos ligados al ex presidente Vicente Fox, de México– el futuro eléctrico del país, que debe ser diseñado y ejecutado por el Estado nicaragüense, bajo otras dimensiones que minimicen el impacto negativo en la población y en la naturaleza, con participación de gobiernos locales y de sus habitantes.

La ley –continúa el documento– está hecha a la medida, para favorecer nuevamente a los ‘inversionistas’, para que se les regalen las tierras, el uso del agua, la biodiversidad. Así, los ‘desarrolladores’ –es decir, los colmilludos capitalistas nacionales y sus socios mexicanos (invisibles inversionistas extranjeros)– se apropiarán de una importante zona del país y de un valioso recurso que servirá para hacer grandes fortunas. Se repite la historia de los grupos surgidos a la sombra del Estado, una amalgama de curiosos ‘inversionistas’ de vieja data y de ex funcionarios públicos que desde 1934 vienen saqueando a este país”.

Entre los principales inversionistas nicaragüenses se destacan personalidades ligadas a todos los partidos políticos, y también el Ejército de Nicaragua tiene interés en invertir en este proyecto que insumiría más de 1.200 millones de dólares.

En la Asamblea Nacional fueron muchos los diputados liberales que se declararon en contra del proyecto, mientras que la bancada sandinista se declaró a favor de su aprobación.

“A raíz de la solicitud de distintas bancadas y de organismos que tienen que ver con el tema energético y del agua, se decidió solicitarle a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que congelara la aprobación de la Ley, para estudiar y analizar un poco más el proyecto de COPALAR. Será la próxima Asamblea Nacional la que tomará una decisión al respecto. Nosotros, como bancada sandinista, mantenemos el respaldo a este proyecto”, declaró el diputado José Figueroa.

Su posición fue apoyada por el también diputado sandinista Bayardo Arce, cuyo cuñado figura entre los principales inversionistas del proyecto COPALAR.

“Es un proyecto que le conviene a la gente, y es una barbaridad que cada año se posponga su aprobación. Se dicen un montón de falsedades. Con esta ley se va a establecer un marco legal para que se otorgue la concesión y se defina lo que tienen que hacer los concesionarios. Miremos el ejemplo de China. Construyeron la represa más grande a nivel mundial, y ahora exportan energía a todo el mundo. Este proyecto va a resolver nuestra penuria energética”.

La diputada de la bancada de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Delia Arellano, se declaró totalmente contraria al proyecto.

“Estamos hablando de miles de personas que se verán afectadas. Desaparecerán comunidades enteras y esa gente será desplazada. Además, no me gusta y estoy en contra de que nuestro Ejército esté en un proyecto junto con inversionistas nicaragüenses y extranjeros, y que afectaraá directamente a las familias nicaragüenses”.

El presidente de la Comisión Especial, el liberal Eduardo Mena, opinó que “Es un proyecto que surge del Poder Ejecutivo, y una de nuestras inquietudes es conocer cuál será la participación que tendrá el Estado. Una cosa es la visión que tiene este gobierno, y otra cosa es la visión que tendrá el nuevo gobierno, así que le damos el tiempo suficiente para analizar este proyecto. Además, hay diputados que ni siquiera lo han leído y existen todas las razones del mundo para esperar antes de aprobarlo. Lo que buscamos es la mejor opción para todo el mundo, y lo vemos desde el punto de vista del interés nacional. Obviamente, en todo proceso de desarrollo hay gente que queda insatisfecha”.

La falta de acuerdo entre los diputados contrasta con el dictamen favorable aprobado por la Comisión Especial, y esto deja espacio a ciertas suspicacias. A pocos días de terminar la legislatura, la Asamblea Nacional está por aprobar algunas leyes muy importantes, como la Ley General de Aguas Nacionales, la de Acceso a la Información Pública, la aprobación del Presupuesto General de la República y, sobre todo, la definición de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuya conformación está desatando fuertes discusiones entre los diferentes partidos políticos.

En este contexto, es muy probable que la no aprobación de Ley Especial para el Desarrollo del Sistema Hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa, tenga que ver más con las negociaciones entre partidos que con un real interés sobre el futuro de la población que se verá afectada por el proyecto.

Rel-UITA
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